Partirán en caravana desde Puerto Armuelles, a las 7 de la mañana, hasta la ciudad de David. Exigen se reporte la seguridad jurídica del sector transporte.
Iván Saldaña contacto@frecuenciainformativa.com
Transportistas de la provincia de Chiriquí reiteraron su firme decisión de realizar una caravana desde Puerto Armuelles, hasta la ciudad de David, con el propósito de ser escuchados por el Gobierno Nacional, ante diversas problemáticas que enfrentan y que han encrudecido durante la pandemia.
Eleuterio Araúz, vocero de los transportistas, manifestó que, «en aras de mantener la seguridad jurídica del transporte, se desarrollará esta gran caravana, el miércoles 5 de mayo».
Se espera un apoyo masivo de parte del sector transporte, manifestó Araúz, quien se disculpó de los usuarios por tener que interrumpir el servicio ese día, porque, «es la única manera que el gobierno atienda las necesidades del sector transporte».
Álvaro Muñoz, abogado de los transportistas, aseveró que, hay mucha gente golpeada por el tema de cumplir las normas de bioseguridad, pero tienen que enfrentarse a la piratería y a las ilegalidades, patrocinadas por las autoridades.
«La seguridad jurídica es algo elemental para los transportistas y los empresarios; es algo que reclaman los empresarios extranjeros cuando llegan a Panamá y aquí no se quiere respetar dicha seguridad en el transporte», enfatizó Muñoz.
El abogado afirmó que si no se recoge suficiente dinero, el transporte está en problemas con los bancos, por lo que se debe revisar las tarifas.
Para el economista, Osvaldo Ruíz, argumentó que, los transportistas han sido afectados por la pandemia, «ellos representan 57 mil certificados de operación, de esta actividad dependen unas 300 mil personas en este país, no hablamos de un sector cualquiera en la economía».
«Anualmente, el sector transporte aporta unos $6 mil millones a la economía del país, sin embargo, el gobierno no ha querido reunirse con ellos, tomando en cuenta que desde el 2010 no se ha aumentado las tarifas, pero si ha aumentado en un 24% el índice de precio al consumidor, lo que representa al año, una pérdida de $66 millones», dijo Ruiz.
Se espera que luego de esta movilización, se dé un compromiso con el Gobierno Nacional, para evitar otras medidas y sobre todo, perder todas sus pertenencias que han puesto como fianza, ante compromisos financieros con bancos y financieras.
