Redacción Digital
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Productores del distrito de Barú, que desde hace 20 años trabajan las tierras que fueron dejadas por la Chiriquí Land Company, están en estado de alerta, luego de que la tarde de ayer sábado recibieran la visita de la Jueza de Paz para notificar de una demanda y solicitar el desalojo de esas tierras, que fueron incluidas según ellos, de forma inconsulta en el contrato con la transnacional Del Monte y su filial Banapiña.
Marvin Wilcox, dirigente de los productores dijo que «siendo las 4 de la tarde de este 29 de septiembre del 2018, se presentó a una reunión donde estaban los productores que estamos en tierras en conflicto por el contrato expúreo que firmó el Estado con Banapiña; allí se presentó la juez de paz, en compañía de dos policías, para notificarnos de una demanda para lanzamiento por intrusos a todos los que estamos trabajando en esas tierras».
Wilcox recordó que «para el año 1998 la empresa PAFCO (Puerto Armuelles Fruit Company), abandonó unas 3 mil 200 hectáreas en esas fechas; por lo que nosotros decidimos ponernos a trabajar esas tierras que estaban en abandono para sacar el sustento y cubrir con ello las necesidades fundamentales de nuestras familias».
«Hemos venido haciendo esto de forma ininterrumpida desde esa fecha y como establece el Código Agrario en la Ley 80, artículo 2, que con ánimos de ser dueño y lo hemos hecho con ese fin; pero al firmarse el Contrato 3617 entre la Nación y Banapiña, incluyeron todas las areas que nosotros estábamos trabajando que son unas 5 mil 804 hectáreas», manifestó Wilcox.
Según el dirigente, en el contrato se estableció que «tenían hasta 18 meses para salir de allí y se cumple a mediados de noviembre del 2018, por eso es la persecución del gobierno, tanto que no respetan los días feriados, ni los días de descanso que tienen los empleados públicos, para hacerlo».
Los productores han dejado claro su posición de seguir produciendo para el país, manteniendo la soberanía alimentaria y para sostener a sus familias.
No abandonarán esas tierras, porque tienen claro que no están violando ninguna ley del país, y que los argumentos que ella (la jueza) establece, el Código Agrario en el artículo 150, dice expresamente que es una acción de hecho y nadie tiene que pedirle permiso a ninguna autoridad, indicaron los humildes trabajadores, muchos de los cuáles, no tienen ningún lugar donde ir, en caso de que el gobierno del Presidente Juan Carlos Varela, decida sacarlos utilizando la fuerza en violación de sus derechos.
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