Como un acto de corrupción en la Autoridad Nacional de Tierras (ANATI) han calificado abogados de la provincia de Chiriquí, lo que se ha estado registrando en los últimos años, donde tres fincas; la 3685, 3686, 3687 ubicadas en Pedregalito de Boquerón a orillas del río Piedra, que aparecen inscritas desde el 11 de marzo de 1,957 en el Plano 10-1384 en su momento a nombre de la señora Micaela Rojas, han recibido el cambio de planos y ventas fraudulentas, que desconocían sus verdaderos dueños.
Esta situación sorprendió al señor Hernán Coba, que al tratar de hacer inversiones en 2014 en estas fincas se enteró que se habían hecho desgloses y posterior segregación para sí a nombre de un tal José Gallardo, pero con sellos y anuencia de la ANATI que pasaban por encima de planos a nombre de otra persona, ajena a quienes hacían los tramites.
José María Lezcano, abogado que denuncia este hecho calificado como ´corrupción´, asegura que al conocerse el hecho se interpusieron demandas ante las autoridades con las pruebas correspondientes, pero la ANATI siguió interviniendo a pesar de no contar con el marco legal de esta institución.
Lezcano informó que el 23 de marzo del 2016 mediante nota C-29-16 de la Procuraduría de la Administración dirigida al director nacional Carlos González, recomendó «la emisión de una resolución por la ANATI donde se inhibiera de conocer las revocatorias de títulos inscritos en el Registro Público, por falta de competencia, toda vez que al tratarse de un inmueble de propiedad privada, su inscripción en el Registro Público solamente puede ser cancelada por los Tribunales Ordinarios mediante una auto de sentencia ejecutoriada de conformidad con el artículo 1784 del Código Civil».
La nota de la Procuraduría hace referencia al artículo 62 de la Ley 38 del 31 de julio de 2000 y la modificación por el artículo 3 de la Ley 62 del 23 octubre del 2009 que refiere que «las entidades públicas solo podrán revocar o anular de oficio una resolución en firme en la que se reconozcan o declaren derechos a favor de terceros, si fuese emitida sin competencia para ello; cuando el beneficiario haya incurrido en declaraciones o haya aportado pruebas falsas para obtener las; si el afectado consiente en la revocatoria o cuando así lo disponga una norma especial».
Abogado demandante José María Lezcano
Para el abogado demandante la Autoridad Nacional de Tierra desconoció esa nota y pasó por encima de la misma ley que regula dicha entidad, cometiendo un delito de «extralimitación de funciones dejando ver corrupción de funcionarios».
El jurista recordó que se interpuso un recursos y el Tribunal Superior a cargo de la magistrada Carmen Luz De Gracia dictó la prescripción del caso con sobreseimiento definitivo, a pesar de que se habían aportado las pruebas necesarias, sin llamar a declarar a los afectados por el fraude en títulos falsos aprobados en complicidad por funcionarios de ANATI.
Los afectados son Hernán Coba y la empresa Tierra de Bágala S.A.
Actualmente hay los demandantes han interpuesto «un Proceso Penal por el Delito Contra la Administración Pública en Contra de Carlos González director de ANATI y sus subalternos Roger González, Julio Cáceres, Eusebio Vergara, Indira del Carmen Herrera; Kenis Omar Espinoza, Edgardo Radames Sánchez, José Manuel Gallardo y las empresas de estos tres últimos» detalla el abogado Lezcano.
El defensor de los afectados señala que se han atrevido a denunciar esta situación debido a que «no es la primera vez que se dan este tipo de cosas en dicha institución, en perjuicio de personas humildes y en beneficio del poder económico».
La expectativa está puesta en la decisión de la Fiscalía Anticorrupción. Los demandantes esperan sentar un precedente ante las anomalías cometidas y se haga justicia.
