Los trabajadores apelan a la Ley 1 de 1983 que creó esta institución y piden que se dé por el Gobierno los recursos necesarios para seguir operando.
Por: Iván Saldaña
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El Centro de Rehabilitación de Menores Arturo Miró (CRMAM), ubicado en el corregimiento de Potrerillos Arriba en el distrito de Dolega fue creado mediante Ley No. 1 del 11 de enero de 1983 y en su artículo 1 dice que fue creada como “una Institución dedicada a la orientación, educación y dirigida a la formación integral de menores con desórdenes de conducta o inadaptados”.
Recientemente, en exclusiva para este medio de noticias, algunos ex funcionarios y funcionarios que temen correr la misma suerte de despido injustificado, denuncian algunas irregularidades y mal procedimiento para justificar el cese de labores.
Los afectados que pidieron reserva de su nombre, hasta que no se responda algunas apelaciones que con justa razón, ellos aseguran tener; porque la ley no está por debajo de ningún decreto, hasta tanto no se derogue la ley que creó el CRMAM.
“Se están dando despidos y se seguirán dando por supuesta falta de recursos para pagarle a los empleados, pero hay un doble discurso, porque prescinden de personal con mucho tiempo de trabajar allí y por todas partes tienen afiches con requerimiento de personal”, denunciaron los afectados.
“Todos estamos de acuerdo que estos despidos son ilegales y en algunos casos están omitiendo leyes y decretos nacionales que apoyan a funcionarios públicos”, enfatizaron estos ex funcionarios .
El Decreto Ejecutivo No. 29 del 22 de mayo de 2018, emitido por el Ministerio de Desarrollo Social, es el argumento que utiliza en las notas de despido, algunos de los integrantes del Patronato que dirige este Centro de Rehabilitación de Menores, que para los despedidos, es ilegal.
“El decreto no debe pasar por encima de la ley, que no ha sido nunca modificada, lo mismo que el reglamento interno, pero se ha estado trabajando a base de decretos, lo que no es totalmente correcto, si ya hay legislación al respecto”, argumentaron.
“Dos o tres personas dentro del Patronato no tienen la jerarquía para despedir, tiene que haber un consenso para que decidan prescindir de cualquier funcionario”, aseguró uno de los afectados que está esperando un fallo a favor en la apelación, sobre todo por padecer de algunas enfermedades.
Los denunciantes aseguran que muchos de los patronos desconocen las acciones que se están llevando en estos momentos y estarán tomando los medios legales disponibles para que se le haga justicia al Centro de Rehabilitación de Menores y también a los trabajadores.
Se conoció que ya hay jurisprudencia en patronatos que dirigen centros de menores, en este caso, el Centro de Educación Vocacional Basilio Lakas, donde en 2004 el magistrado Adán Arnulfo Arjona, declaró ilegal la Resolución 22 del 4 de julio del 2001, emitida por el Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia en su momento; es por esto que, según los afectados, no se puede seguir actuando de esta forma en la Granja Arturo Miró, reduciendo recursos.
Adicionalmente, los quejosos apelan al artículo 13 de la Ley 1 del 11 de enero de 1983 que declara; “el Gobierno Nacional se obliga a destinar las partidas adecuadas, para garantizar el funcionamiento y desarrollo del Centro”, brindándole los recursos y no disminuir presupuestos, que es lo que aparenta actualmente.
Los trabajadores dejan claro que el Patronato debe gestionar donaciones, situación que desconocen si se está haciendo, porque también se cuenta con los elementos para la autogestión.
El Patronato del CRMAM está integrado según la Ley 1 de 1983 en su artículo 4 por; el Juez del Tribunal Tutelar de Menores que será su presidente, dos miembros del Club de Leones de David, dos miembros del Club Activo 20-30 de David, un miembro del Club Rotario de David, el director del Sistema Integrado de Salud, hoy MINSA; un representante del Centro Regional Universitario de Chiriquí, actualmente Universidad Autónoma de Chiriquí; un representante del Ministerio de Planificación, hoy Economía y Finanzas; además el director regional de Educación, un representante del Centro Regional de la USMA y un representante de la Iglesia Católica.
