Por: Iván Saldaña
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Productores del distrito de Barú, que han cultivado las tierras de las antiguas bananeras por casi 20 años, fueron echados de sus casas con la policía como si fueran delincuentes, destruyendo la producción nacional y sus viviendas, dejando a decenas de niños a la intemperie, gracias al interés del Gobierno de Juan Carlos Varela, de dar paso a la transnacional Del Monte y su filial Banapiña.
Marvin Wilcox, dirigente de los productores manifestó que con esto se ha violado claramente el Código Agrario del país a favor de la oligarquía, afectando al humilde trabajador panameño, que tiene todos los derechos de poseer estás tierras, con fines agrícola.
Producción ha sido destruida por la policía.
Por su parte, Jacob Carrera , abogado pidió al gobierno nacional respeto en beneficio de los panameños.
«En este momento se lleva a cabo el lanzamiento y destrucción de bienes de productores en Puerto Armuelles, en contra de la orden de suspensión por un amparo de garantías que ya fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia», enfatizó Carrera.
La orden la ejecuta la Juez de Paz, Ulzana Valdés, con el apoyo de «un ejército de policías», que así lo llamaron los ultrajados panameños, por su propio gobierno.
Productores quedan a la intemperie. No saben dónde ir; han perdido sus hogares y su único trabajo.
Todo lo que pase a los niños que han quedado a la intemperie, sin vivienda y sin un futuro, ya que dependían de los recursos de la producción de alimentos; es responsabilidad del presidente Varela y del alcalde de Barú, Franklin Valdés, indicaron los afectados.
Producción de plátano, papaya, guandú, palma de aceite, frijoles, otoe, yuca, aguacate, limón, naranja; son sólo algunos de los productos que están siendo salvajemente destruidos, por la misma Policía Nacional y agentes del Servicio Nacional de Fronteras.
