Recientemente, Ezequiel Miranda, de la Asociación para la Conservación de la Biósfera, manifestó en Frecuencia Informativa que, las autoridades callan ante los crímenes ambientales. Se pidió reacción a MiAmbiente, pero no han respondido.
Iván Saldaña
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Decenas de organizaciones sociales, asociaciones ambientales científicas y profesionales elevaron recientemente, un manifiesto dónde expusieron una serie de irregularidades y demoras, por parte del Ministerio de Ambiente y el Ministerio Público, ante denuncias presentadas desde hace más de dos años, por la supuesta tala ilegal en el Parque Nacional Volcán Barú y el Parque Internacional la Amistad.
El documento fue dirigido inicialmente a los Órganos e instituciones del Estado y sus responsables; a la UNESCO, Banca Multilateral que financia proyectos para las áreas protegidas, empresarios y a todos los panameños y sus organizaciones, con el fin de manifestarle las preocupaciones por el mal manejo ambiental y la falta de gobernabilidad y planificación estratégica de las áreas protegidas del occidente del país.
Estas agrupaciones preocupadas por el bienestar ambiental en Chiriquí decidieron, “exponer la situación con respecto al Parque Nacional Volcán Barú (PNVB) en la provincia de Chiriquí y el Parque Internacional La Amistad (PILA) sector Caribe y sector Pacífico de Chiriquí y Bocas del Toro; dónde urge esclarecer la verdadera situación ambiental de dichas áreas protegidas donde existen actos de destrucción de la biodiversidad, destrucción de bosques, cambio de uso del suelo, planes de uso de más zonas de amortiguamiento para embalses, cacería, construcción de caminos de acceso para diversas actividades agropecuarias, incluyendo ganadería extensiva, cultivos de café o asentamientos humanos; además de, obras de infraestructura turística sin Estudios de Impacto de primer orden.”
En el manifiesto, también señalaron que, “ya se comienza a hablar de una nueva hidroeléctrica que cercaría por varios kilómetros más el corredor biológico terrestre de la base de la cordillera del PILA y el Bosque Protector Palo Seco, entre otros actos. Ante este escenario la sociedad debe estar plenamente informada del nivel de los daños causados, los avances en los procesos civiles o penales y todos los informes de oficio y denuncias dadas al Ministerio de Ambiente o al Ministerio Público.”
“Las actuaciones de las autoridades y las acciones negativas sobre las áreas protegidas aludidas no garantizan la conservación adecuada de las mismas y lo exponemos para que, entre todos busquemos las soluciones, antes que sea demasiado tarde”, acotaron.
La sociedad civil “siente que no hay una sana gobernabilidad, lo que limita la confianza y el trabajo en conjunto para proteger adecuadamente como sociedad y Estado el patrimonio natural, ya sea, fuera o dentro de áreas protegidas, pero con alto valor de biodiversidad, para actividades lúdicas y usufructo público.”
Imágenes satelitales demuestran claras manchas que denotan el daño ambiental que no ha sido sancionado por las autoridades, afirman los ambientalistas.
Las casi treinta organizaciones firmantes, aseguraron que, “notan mucha complacencia e improvisación, decisiones inconsultas, sobre el buen manejo de las áreas protegidas y su futuro. Exigimos el respeto y cumplimiento estricto de la Ley de creación de cada área protegida, los planes de manejo oficiales, el Convenio de Diversidad Biológica, el acatamiento de las metas de Aichi sobre conservación de la biodiversidad, el acatamiento de los objetivos de Sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad y áreas núcleo de la Reserva de la Biósfera La Amistad Panamá, el cumplimiento del Acuerdo de Escazú, entre otros compromisos ambientales que el país debe respetar, como parte de su compromiso de país democrático y respetuoso de las normas y la adopción de todos los Objetivos del Desarrollo Sostenible”.
En el PILA, sector Caribe y Pacífico, “señalamos algunos ejemplos de falta de controles e investigación sobre la tala de bosques y apertura de vegetación secundaria para ganadería ingresando por el área de Boquete, sector de Culebra; avances de caminos hacia el PILA por Los Pozos y Jurutungo y avances de la frontera agrícola en Las Nubes, Guadalupe, Entre Ríos, entre otros lugares”, denunciaron.
“En el Parque Nacional Volcán Barú existen casos ya denunciados en la oficina Regional del Ministerio de Ambiente, en el Sector de Palmira (Cañas Verdes), el nacimiento del río Colgá, el sector sur en el distrito de Boquerón. Recién se instalaron en el sector Este (entrada de Camiseta) del parque, por el área de la carretera hacia la cima de Volcán Barú, un proyecto de turismo de alto impacto que comprende ocho torres de canopy que ya tiene un expediente en fiscalía pero no se ha investigado adecuadamente; esto al igual que otras actividades que se han realizado en el camino hacia la cima del Parque, sin Estudios de Impacto Ambiental aplicándose sanciones irrisorias en comparación con el grave daño ecológico allí causado”, plasman en el manifiesto, estas agrupaciones.
Según el extenso documento, “hay indicios fuertes que nadie investiga el cultivo de café especial en varios sectores que está afectando bosques y sotobosques, bosques secundarios en diferentes estadios sucesionales en jurisdicción de fincas que antes sólo cultivaban café tradicional; además, en Cerro Punta y Paso Ancho, se mantienen los avances de las fincas agrícolas tradicionales en sectores de Alto Pineda, Bajo Grande, Las Cumbres, Los Altos de Bambito. En la práctica es una anarquía que afecta diversos valores naturales del parque”, enfatizaron.
Algunos de estos casos tienen expedientes administrativos e incluso, en fiscalías; pero han sido insuficientes frente a las agresiones constantes hacia estas importantes áreas protegidas y zonas de influencia; lamentablemente, no se ha cumplido con firmeza el deber de investigar, penalizar, detener y reparar los daños. Pareciera que el sistema de impunidad está prevaleciendo y eso es inaceptable en un Estado de derecho, continuó diciendo la misiva pública.
Los denunciantes afirman que, sumado a todo la anterior, muchos de los problemas radican en la deficiencia institucional del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) desde su existencia en el buen manejo de las áreas protegidas y el patrimonio natural como un todo, debido al centralismo de sus funciones.
Para mejorar esto, los firmante de este enunciado, requieren profesionalizar a los funcionarios vinculados con las áreas protegidas, capacitarlos, adecuadamente, en educación y legislación ambiental, porque, se requiere garantizarle formación y adquisición de habilidades y estabilidad al personal que administra ‘in situ’ las áreas protegidas.
Se hace necesario un fuerte componente de planificación estratégica para que las acciones de MiAmbiente en áreas protegidas, no se vean como actos aislados, improvisados, si no como ejercicio de un plan bien elaborado. Sólo cumpliendo con rigor los Planes de Manejo, se podrían evitar la mayoría de los conflictos que hoy estamos denunciando, expresan las 29 agrupaciones.
También, hicieron énfasis en la falta de cumplimiento del artículo 122 de la ley 41 General de Ambiente, que crea, la Fiscalía Superior del Ambiente y las Fiscalías de Circuitos, para los delitos ambientales, que luego de 22 años, no se han implementado, es otro fallo grave del sistema, deja en entredicho la institucionalidad del Ministerio de Ambiente ante compromisos nacionales e internacionales ratificados ante instituciones como UNESCO y otras instancias multilaterales no menos importantes.
Por lo antes expuesto, “solicitamos una vez más, se respete el ordenamiento jurídico ambiental, frenen y suspendan todos los proyectos ilegales o con documentos que alegan una legalidad cuestionable, por el grado de afectación que causan y que se agrava al ser producto de inversiones públicas o préstamos que afectan las áreas protegidas, sus objetivos de creación, ignora sus vulnerabilidades y desatiende necesidades como la implementación efectivas de los planes de manejo con sus programas y zonificaciones vigentes; es necesario que se actualicen los mismos considerando primordialmente la protección de estas áreas y la inclusión de la sociedad civil en mecanismos de administración de las áreas protegidas (patronato), con fondos suficientes para cumplir con el deber de los servidores públicos con competencia en el tema ambiental y de los ciudadanos que de forma voluntaria nos preocupamos por fomentar el respeto y cuidado del ambiente, como esencia de todo lo que existe”.
Hacemos un llamado a todos los panameños y sus organizaciones, a luchar firmemente, por lograr el respeto del ordenamiento jurídico ambiental, forjando una firme unidad por el patrimonio natural de todos, concluyó este manifiesto
