El no cumplimiento del 6% del PIB de inversión en educación, influye de manera directa en la falta de infraestructuras escolares.
Heidy Rudas/Profesora
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La educación pretende alcanzar el desarrollo del país, por tanto, debe considerarse como un tema primordial de la nación, sin embargo, actualmente no existe políticas públicas de estado en Panamá para el sector educativo; las políticas son impulsadas por planes de gobierno cada cinco años. Éste presupuesto debe alcanzar el 6% del producto interno bruto, pero el mismo sólo alcanza un 3.5%, aproximadamente, del cuál, la mayor cantidad se invierte en planilla, quedando un porcentaje bajo para inversión de mantenimiento y construcción infraestructuras escolares.
En el informe presentado por la ONU (2017), en uno de sus puntos, hace referencia a la erradicación de la pobreza y la promoción de la prosperidad en un mundo de evolución, pero la realidad en el ámbito nacional en Panamá observada a través de los medios de comunicación y de situaciones cotidianas podemos destacar que, en cada provincia del país los docentes estudiantes y padres de familia vivencian situaciones en las áreas de difícil condición laboral, problemas de riesgo social, delincuencia y de inseguridad social.
Además, existen otros elementos que caracterizan una población por consecuencias de carácter de riesgo ambiental: insalubridad, inundaciones, deslizamientos de tierra, mal manejo de los desechos, enfermedades alérgicas respiratorias, que influyen o condicionan el desempeño académico del estudiante y de alguna manera en su conducta.
En todas estas problemáticas, existen dificultades por las que atraviesa la población panameña en algunas comunidades, tanto urbana, como en áreas rurales y de las comarcas, como: la falta de agua potable, carreteras en mal estado o, en deterioro; falta de energía eléctrica, problemas de transporte, entre otras.
Todos estos elementos influyen en las escuelas de esas comunidades y los principales afectados son los docentes y estudiantes, puesto que, se ha creado una desigualdad en el acceso a la educación pública por la carencia de algunos recursos y de condiciones de educabilidad necesaria para la permanencia de los estudiantes en las aulas.
La profesión docente se ve afectada en cuanto al traslado y permanencia en planteles educativos de estas áreas de difícil condición laboral, porque, en la Constitución Política de la República de Panamá y la Ley 47, Orgánica de Educación de 1946, fundamentan la educación pública, actualmente no existe una norma que comprometa al Estado a garantizar las condiciones laborales, salud ocupacional para docentes, comisiones de apelación y de consulta de las relaciones laborales de la profesión docente.
De igual forma, en las escuelas públicas oficiales panameñas, se carece de mecanismos para la inserción laboral de docentes en contextos de alta vulnerabilidad social. Seguido por la urgencia de una política de Estado que permita elevar la calidad y equidad de la educación pública oficial de Panamá.
